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El Estado oferta 130.000 plazas para sanitarios y 98.000 para docentes

images11La Sanidad, Educación y Justicia serán, por este orden, los sectores de la Administración que más se van a beneficiar de la histórica oferta de empleo público que el Gobierno pretende incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que aprobará el viernes, y cuyos flecos para éste y los próximos tres ejercicios cerrará hoy el Ministerio de Hacienda con los sindicatos, en la denominada Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
En total, el Ejecutivo reservará 129.700 plazas para poner fin a la interinidad en el sector sanitario; 98.807 puestos para la docencia no universitaria, 8.564 plazas para Justicia y, el resto, hasta completar casi la cifra de 250.000 pactada con las organizaciones sindicales, para otros sectores afectados por la interinidad en la Administración como los llamados servicios generales o los de gestión y recaudación tributaria, entre otros ejemplos.
En la reunión, el Ejecutivo confirmará también la subida del 1% de los salarios de los trabajadores públicos para este mismo ejercicio. Por si quedaba alguna duda al respecto, la Cámara Alta aprobó ayer este porcentaje de incremento salarial para los senadores y el resto del personal. Se da la circunstancia de que suele ser norma no escrita que lo estipulado en materia de incrementos o congelaciones retributivas para los integrantes del Parlamento se traslade también posteriormente al resto de la Administración del Estado, y este ejercicio no va a ser una excepción.
Además, el Gobierno comunicará previsiblemente hoy un alza del 1,9% en el Presupuesto de Muface, la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Central del Estado que procura la atención sanitaria a los funcionarios. Dicha subida irá dirigida, fundamentalmente, a cubrir el gasto generado por la prescripción y dispensación de medicamentos y por las bajas por Incapacidad Temporal (IT).
Un trámite obligatorio
El número de plazas ofertadas para Sanidad, Educación, Justicia y otros sectores por parte del Gobierno permitirá reducir el índice de temporalidad e interinidad del 25% que se registra en estos momentos al 8%. Las cifras y el desglose serán negociados hoy en Madrid en la Mesa General de Negociación, un órgano en el que están representados los sindicatos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos –a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)– y la propia Administración. Su convocatoria resulta un trámite obligatorio antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
El acuerdo, según fuentes del Ejecutivo, puede ser uno de los detonantes para que esta norma logre más tarde respaldos suficientes en el Congreso de los Diputados y pueda ser aprobada.
El posible acuerdo es fruto del encuentro mantenido en Madrid por el Ejecutivo con los sindicatos hace justo una semana. En él, los representantes de la Administración consideraron puestos esenciales un mayor número de ámbitos de los que contemplaban en un principio. Además de impulsar una oferta de empleo histórica, mejoraron las tasas de reposición en esos servicios esenciales por encima del 100%, con el objetivo de cubrir las bajas de los empleados públicos que se jubilan. En los años anteriores, dicha tasa de reposición fue muy inferior y el ámbito de aplicación, bastante limitado con respecto al presente ejercicio.
La decisión adoptada se extenderá también a algunos servicios de atención directa al público como, por ejemplo, las oficinas del DNI, la Dirección General de Tráfico (DGT), los servicios públicos de empleo o las oficinas de la Seguridad Social.
«Un sector público del siglo XXI»
El presidente de CSIF, Miguel Borra, cree que la histórica oferta de empleo público que el Gobierno cerrará hoy previsiblemente con los sindicatos revertirá en unos mejores servicios públicos después de años de precariedad, y comenzará a llevar a una Administración del Siglo XXI. En una entrevista, Borra subraya el compromiso del Ejecutivo de convertir en indefinidas en tres años el 90% de las plazas interinas (ahora hay unas 295.000 personas en esta situación), lo que, a su juicio, supondrá que miles de familias ganen estabilidad laboral. «Vamos a poder convertir sus empleos temporales en fijos y mejorar sus condiciones laborales», y esto se traducirá en una mejora de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía. «Son nuestros médicos y profesores», enfatiza Borra, que celebra que el acuerdo vaya a incluir a empresas públicas y otros colectivos.


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